El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, recomendó ayer a los trabajadores que contraten planes privados de pensiones y complementen su jubilación. En una entrevista en Telemadrid defendió los planes privados para compensar la pérdida de ingresos que conlleva la jubilación.

El ministro de Trabajo dejó claro dos cosas. En primer lugar que las pensiones públicas de la Seguridad Social no tienen problemas.

Las pensiones están garantizadas hasta el 2025 aunque no haya reformas.

En segundo lugar, defendió la suscripción de fondos privados de jubilación para compensar la merma de ingresos que supone la jubilación. El último informe de Fedea afirmaba que en España la pensión pública aporta el 80% del último salario del trabajador, lo cual supone la tasa de reposición más elevada de la Unión Europea. El PP criticó estas declaraciones afirmando que crean alarma social.

El Gobierno mantendrá su objetivo de retrasar la edad de jubilación obligatoria por ley. No obstante, buscará una fórmula que permita el consenso. ‘En un proceso de negociación las propuestas no se retiran, se modifican. El Gobierno ha presentado sus propuestas y la base final del acuerdo será un escenario común encontrado por todos’. Así lo afirmó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social y responsable de política económica del PSOE, Octavio Granado en el Foro Nueva Economía a preguntas de La Vanguardia. La edad real de jubilación se encuentra en 63,8 años de media, por debajo de la media europea a pesar de que tenemos la mayor esperanza de vida. Los incentivos que se han aplicado solo han logrado retrasarla en dos años.

Granado explicó que la reforma de las pensiones se afronta para resolver el problema demográfico, y se hace ahora porque estos cambios no son efectivos hasta 10 o 15 años después. ‘Hemos vivido una realidad distorsionada porque se estaban jubilando las generaciones que vivieron la Guerra Civil y eso nos ha permitido dedicar todo el excedente a mejorar las pensiones. Ahora tenemos que hacer frente a la jubilación de los niños que nacieron en el ‘baby boom’ entre 1958 y 1978’.

Tal como explicó esta situación duplicará el número de pensionistas. ‘Ahora tenemos 8,5 millones de prestaciones y 20 millones de cotizantes, pero a partir del 2040 tendremos 15,5 millones ¿se imaginan cuántos cotizantes necesitaríamos?’. Ante esta situación dijo que solo caben dos soluciones. La primera es seguir reformando las pensiones públicas para hacer frente a estos cambios, como se ha hecho en los últimos 25 años. La segunda sería subir impuestos, pero esto no es posible porque habrá que pagar con impuestos el incremento de gasto en sanidad y dependencia que producirá la ley de dependencia.

Ante esta situación cerró la puerta a una posible bajada de cotizaciones sociales de las empresas a la Seguridad Social como reclama la CEOE en la reforma laboral. ‘No es posible una rebaja indiscriminada de cotizaciones. Tenemos que mantener los tipos actuales’. En su opinión para las empresas es más útil el sistema de aplazamientos para aquellas sociedades en dificultades.

Granado desveló las líneas que se irán definiendo en el acuerdo del pacto de Toledo. Según dijo, se arreglará la situación actual que discrimina a los trabajadores que pierden su trabajo en los últimos años de su vida laboral. Estos prejubilados ven reducida drásticamente la pensión porque el periodo de cómputo que se utiliza son los últimos 15 años. Explicó que representan entre un 2 y un 3% y se solucionará aunque nos cueste un poco más a todos.

En cuanto al periodo de cómputo lo ‘razonable’ sería una fórmula asumida por todos que garantice que la pensión sea ‘lo más correspondiente’ con la aportación realizada por el trabajador. Descartó que se vaya a utilizar como referencia toda la vida laboral. La cotización media de un trabajador es de 34,7 años.